¿De dónde surge el término “trata de personas”?

Aunque erróneamente utilizado, es aún común que las personas se refieran a la trata de personas bajo el término “trata de blancas”. Por muchos años, esta expresión se ha asociado con un tipo de explotación (sexual) y un sector de la población (las mujeres).

Fue a finales del siglo XIX, cuando comenzó a utilizarse en Inglaterra esta expresión, tanto por grupos abolicionistas de la prostitución, como por grupos que pugnaban por la erradicación de la transportación de mujeres y niñas europeas para ser explotadas sexualmente.

En diversos países europeos, estos grupos originaron variadas respuestas gubernamentales, además, se convirtieron en un eje focal de diversas organizaciones que pugnaban por su erradicación y por una legislación en la materia. Con la entrada del siglo XX, el movimiento legislativo contra la “trata de blancas” se institucionalizó en una serie de acuerdos internacionales.

Los primeros instrumentos internacionales se enfocaban en la explotación sexual de las mujeres, ampliando posteriormente su ámbito de protección a niñas y adolescentes, y modificando el término, eliminando la acepción “blancas”.

De manera paralela, se desarrollaron otros acuerdos internacionales encaminados a la supresión de otras modalidades de explotación, como los trabajos forzados o la explotación infantil.

Por vez primera, el Convenio para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación en la Prostitución Ajena (1949) hace referencia al término de “trata de personas”, pero no define el concepto y sanciona únicamente la explotación sexual.

Fue hasta el año 2000, cuando se establece una definición consensuada a nivel internacional sobre el concepto “trata de personas”, incluyéndose diferentes modalidades de explotación como la sexual, laboral y la referente a la extracción de órganos, y se contempla a cualquier persona (mujer, hombre, niña, niño o adolescente) como posible víctima.

Con la firma del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, conocido como Protocolo de Palermo, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la comunidad internacional adopta un instrumento que busca en primer lugar, sancionar diferentes modalidades de explotación, al tiempo que procura la implementación de medidas de prevención y protección a las víctimas de este delito.